Columna Ciencia en Breve

N° 3. Febrero 2015: Los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. El fraude, la simulación y el derecho de propiedad

Elaborado por: Nélida Pérez, Comité Ontológico. Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM.

En el marco del Proyecto “Gestión y Transferencia del Conocimiento”, Programa de investigación “Gestión y Vinculación del Conocimiento en Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de La Matanza”
Esta columna reflexiona y enfoca sobre el concepto de derecho de propiedad para la normativa argentina. La propiedad, en sentido general, se encuentra reconocida en la Constitución Nacional (CN). Los artículos 14 y 17 de, en principio, garantizan los derechos ciudadanos de “usar y disponer de su propiedad [...] todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley". (1) 
El art. 28 de la CN, a su tiempo, garantiza que los “anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".
El Congreso Nacional, por su parte, dispone de facultades específicas – concedidas en el artículo 75 de la Constitución – para regular (y preservar) el derecho de propiedad.
El Preámbulo mismo de la Carta Magna, establece indicios sobre la garantía de propiedad cuando prescribe la necesidad de "promover el bienestar general". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado a entender, sobre este punto del preámbulo, que entorno a él se podría incluir al término "propiedad", dado que este comprendería todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. (Caso Bourdie, Fallos, 147: 307).
La propiedad intelectual, concretamente, es el derecho de propiedad reconocido al autor de una obra científica, literaria o artística, para disponer, usar, comercializar libremente de ellas. Si bien originariamente su reconocimiento beneficia al autor, el derecho es susceptible de ser transferido a otras personas sin perder su carácter de intelectual.
La obra intelectual o científica, vale aclarar, es la “expresión original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad que represente o signifique algo”. (2) 
La propiedad industrial y comercial, por otro lado, recae sobre los inventos, descubrimientos, patentes, marcas de fábrica y de industria, diseños, dibujos y modelos industriales, fondos de comercio, nombres comerciales, planos y técnicas industriales y -en general- sobre toda obra de la inteligencia humana que no esté comprendida en la propiedad intelectual, aunque no se exteriorice sobre bienes materiales.
Para 1910 se sanciona la primer ley sobre propiedad intelectual, la 7092. En 1933 se complementa con la ley 11.723. En las dos, se omite dar el concepto de lo que se entiende por obra intelectual o científica que la merezca. Sin embargo, toda la doctrina está conteste en que debe tratarse siempre de una expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral”. (3)

Principios generales de la normativa vigente

  • Se establecen derechos erga omnes o derechos in re a favor del autor (art. 2).
  • Como sujetos del derecho se reconoce a los autores originales y a los autores de obras derivadas, cuando utilizan legítimamente la obra original, así como a los que adquieren esos derechos por cesión, por legado o herencia (art. 4).
  • Son titulares del derecho de propiedad intelectual las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario (art. 4 inc. d).
  • Las obras serán registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

Fuentes: 

(1) Badeni, Gregorio. (1993) Derecho constitucional. Libertades y garantías, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires. pág. 317.

(2) Emery, Miguel A. (1999) Propiedad intelectual. Ley 11.723, Comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires. pág. 11.

(3) CSJN, 18/9/68, Fallos, 271:368; id. 3/5/88, ED, 129-132, voto del Dr. Fayt.

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